07

Nov 2018

Hijos robados

Otro episodio sin resolver de nuestra historia

Las adopciones irregulares residen más que nunca en la memoria popular chilena. Una historia marcada por delitos y mentiras, en el que las denuncias a funcionarios del ex Sename, médicos, matronas y sacerdotes, hicieron que los menores de edad, hoy adultos y entregados en adopción en el extranjero, pasarán por poco inadvertidos frente a los ojos de todos.

 

Luces del pasado y futuro

Eran las nueve de la mañana y Marisol Rodríguez (vocera de Hijos y Madres del Silencio) llega junto al equipo central de la organización a las oficinas del ministro de Justicia Hernán Larraín. Ahí también estaban la subsecretaria de Derechos Humanos y la jefa del departamento de Reinserción Juvenil. Proponer una propuesta de trabajo en conjunto durante la dictadura militar para abordar las distintas problemáticas de las adopciones ilegales y el tráfico de niños en nuestro país fue lo que conversaron durante dos horas.

El 15 de junio de 1984 Verónica Campos llegó al Hospital Paula Jaraquemada (actual San Borja) a tener a su hija. Alcanzó a verlo apenas unos segundos antes de que se lo llevaran. Luego de unas horas, Verónica solo pensaba en estar junto a su hijo, pero eso nunca ocurrió. “Me dijeron que había tenido una niña y que se había muerto”, recuerda Campos, dificultosamente, ya que ese día estaba sedada, al igual que las demás.

Fue en los años setenta cuando mujeres daban a luz a sus bebés en perfecto estado de salud, sin embargo minutos después, algo extraño sucedía y se les informaba que habían fallecido. Con el transcurso de los años esta situación se fue haciendo cada vez más recurrente. Hoy, casi 45 años después, son más de diez mil los casos de adopciones ilegales que se efectuaron en Chile durante esa época y aun siguen apareciendo nuevas aristas en este caso.

Como el caso de Verónica existen miles. Cada historia es diferente, pero a la vez todas presentan las mismas incongruencias. Estos delitos, asociados a la sustracción de menores, tráfico de niños, falsificación de documentos, alteración de identidad, entre otros, se realizaban a lo largo de todo Chile. Médicos, matronas, asistentes sociales, sacerdotes y abogados eran las personas encargadas de ejecutar estas adopciones, que más de alguna vez también les significó 

alguna ganancia. Por lo mismo también se encargaron de promover estas malas prácticas en esta extensa red ilegal de adopción de menores. Sin embargo, este grupo de personas no podía realizar estas diligencias sin el respaldo de instituciones tales como el Registro Civil y hospitales públicos

El procedimiento

Arrebatar a niñas o niños de sus padres y luego entregarlos a otra pareja que deseaba tener un hijo, aparentemente era un procedimiento fácil de realizar en nuestro país. Entre los hallazgos que se encuentran en el informe de septiembre de 2018 del ministro, se señala a la Casa Nacional del Niño (unidad que trabajaba con el Hospital Calvo Mackenna, hoy disuelta) como uno de los principales establecimientos que comenzó con esta red. Sin embargo, ¿cómo era posible que cientos de niños pudiesen salir hacia el extranjero sin llamar la atención de las autoridades?

La tesista Karen Alfaro, doctora en Historia Social y Políticas Contemporáneas de la Universidad Austral, realizó un trabajo de investigación profundo sobre el tema, a raíz de él enfatiza que en la época de la dictadura las personas que dirigían organismos que se ocupaban de los niños eran las mujeres de los militares. “En el caso de CORDAM, Alicia Godoy de Mendoza era la esposa del General en Jefe de Carabineros; Margarita Río era la esposa de Merino, que estaba a cargo de la institución del niño limitado; Lucía Hiriart que estaba a cargo de CEMA Chile, que organizaba todo el voluntariado que trabajaban con niños y muchos hogares. En ese contexto, el Estado no es que le haya dado la espalda a la institucionalidad, sino que en el período de la dictadura fue promovido desde la institucionalidad“.

Los niños al salir fuera del país debían cumplir con los requerimientos de los establecimientos internacionales. Es por eso que la tramitación consistía en “acreditar la situación de abandono del niño o la voluntad de la madre de entregarlo y las condiciones del matrimonio o mujer extranjera de hacerse cargo responsablemente del niño a futuro, incluyendo su capacidad de adoptarlo legalmente conforme a las leyes de su país de origen” aclara el informe de investigación. Además señala posteriormente en la certificación, que en los juzgados se generaban procedimientos “llamativamente” muy cortos, ya que se cometían irregularidades por parte de los funcionarios.

Estos procesos no podían ser ejecutados sin que estuvieran “amparados” por la Ley de Adopción. En 1934 se creó la primera legislación al respecto y desde ese entonces sufrió grandes transformaciones, quedando derogada la ley original y siendo reemplazada posteriormente en 1965. En octubre de ese año se crea la Ley Nº 16.346, que establece la “legitimación adoptiva”, una figura cuyo objeto era conceder al adoptado el estado civil de hijo legítimo de los padres adoptivos. Karen Alfaro, destaca que la ley “establece una ruptura con los orígenes biológicos de los menores, con el objetivo de que los niños pudieran reinsertarse y sin posibilidad de volver atrás, lo que los teóricos llaman como el quiebre limpio”. Finalmente quedaban como hijos legítimos de sus padres adoptivos, pero los antecedentes se borraban: nunca existió la familia biológica.

Luego de una serie de cambios y derogaciones, en el año 1999 cuando se modifica por última vez la Ley de Adopción. El 25 de junio de ese año, es promulgada la Ley Nº 16.620, vigente en el Código Civil. La ley actual ahora vela por la protección de los menores carentes de familia de origen.

Actualmente, el proceso judicial está a cargo del juez Mario Carroza, ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago. Comenzó indagando más de 500 casos de adopciones irregulares y sustracción de menores en Chile y se amplió a dos mil. Este año, el Diario Clarín publicó el 28 de junio, un reportaje en el que se asegura que durante 1971 hasta 1992 ocurrieron 2.021 casos en Suecia de estos procesos ilegales. Además, dejó en evidencia que entre 1982 y 1986 fue el período cuando ocurrió el peak. Una de las personas que trabaja con el ministro Carroza en esta investigación, asegura que el 90,3% de las familias que adoptaron irregularmente niños chilenos, eran de Estados Unidos. En segundo lugar venían familias suizas y luego italianas. Solo un 9,3% de estos menores permanecieron en Chile. En el informe de investigación de la oficina del ministro Carroza se estima un valor aproximado que debía pagar cada familia por guagua adoptada y que varía entre 5.000 y 30.000 dólares de hoy (entre 3 y 20 millones de pesos).

Estas cifras obligan a esclarecer y buscar responsables. Telma Uribe era asistente social, que se desempeñó en el Servicio de Salud y en la Casa Nacional del Niño durante la dictadura hasta el año 2000. Ella poseía la información de adopciones de 579 niños adoptados en el extranjero. Una de las asistentes sociales y abogadas investigadoras en el caso, por medio de un de un peritaje judicial realizado por la Corte de Apelaciones de Santiago, indica a Telma como persona clave para la indagatoria, luego de que la Brigada de Derechos Humanos de la PDI le incautara estos archivos. Sin embargo, se concluye que Uribe no actuaba sola: tenía colaboradores. Entre ellos se encontraban una abogada, una traductora, una secretaria, dos médicos y dos asistentes sociales. Aún no se sabe quiénes son.

Reencuentro

Pese a que muchas víctimas persisten en encontrar o descubrir qué sucedió realmente, hay algunos que han logrado reencontrarse con sus familias luego de años separados o de búsquedas extensas, esto gracias a instituciones como Hijos y Madres del Silencio, Nos Buscamos, además de redes sociales.

 Al pedir información al Hospital Clínico San Borja Arrián sobre el caso de Verónica Campos y otras mujeres involucradas en las adopciones ilegales durante la dictadura, la institución no quiso dar más información: “El tema fue tratado en la última reunión. Lamentablemente, este es un tema al que no podemos responder, ya que somos parte de la investigación que ya mencionaste. Toda la información solicitada fue entregada al ministro carroza en su oportunidad y se han entregado las facilidades a los entes fiscalizadores, pero como hospital no se entregarán nuevos antecedentes por otra vía”.  explicando que ya habían entregado los antecedentes pertinentes al Juez Carroza.

Hay personas que tienen el mínimo de documentos necesarios para plantear siquiera una búsqueda, como le sucede a Angela Oyaneder, o incluso, personas que no tienen el recuerdo de dónde dieron a luz, como es el de Margarita Escobar. Estos son algunos de miles de vivencias que están cada vez más saliendo a la luz. Además, por unanimidad, el pasado 28 de noviembre, la Cámara de Diputados aprobó la constitución de la Comisión Especial Investigadora, la que se encargará de esclarecer y buscar los documentos perdidos por las diferentes instituciones públicas del país. 

Si bien se tiene la conciencia del gran daño que se le ha causado a miles de familias, también se ha convertido en una gran necesidad la colaboración de las instituciones como el Registro Civil, exSename y centros de salud, quienes se van visto involucrados en estos asuntos, sin aclarar, ni recomponer un dolor que continua latente en el tiempo.